La situación de las prisiones en
Colombia es reprochable y lo ha sido así durante décadas. Estas se caracterizan
por el hacinamiento, las graves diferencias asistenciales y de servicios
públicos, el poderío de la violencia, la extorsión, la corrupción, por último y
no menos importante el Derecho a la salud.
Todo esto es motivo de vergüenza, ya que contamos con un Estado que
presume proclamar el respeto por los derechos de las personas y su compromiso
por los más vulnerables.
Existe un consenso mundial sobre la
definición de la salud, la cual debe ser entendida “no como la falta de
enfermedad sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social
que implique el mas alta estado de salud posible” (Derechos Humanos en las
cárceles, 2009).
Aunque existen entidades de salud
contratadas por el INPEC para cubrir los requerimientos de bienestar que se
presenten en las cárceles, es evidente que la obtención de estos servicios es
una situación compleja para las personas
que se encuentran en prisión o detención domiciliaría.
El hacinamiento es una de las
características más fuertes a la hora de exponer el problema con los derechos
de la salud. Quienes han pasado por la experiencia carcelaria aseguran que el
Estado enfrenta este gravísimo problema con pasos muy pequeños y de forma
errónea.
Es un derecho ser atendido o
atendidas, la falta de medicamentos en las cárceles se ha convertido en una
dificultad del día a día, a la hora que
los internos y las internas se enfermen las farmacias no están bien
estructuradas ni
Colmadas de medicamentos básicos, para
cualquier atención adecuada y oportuna.
En
diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: “la inminente negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la
resolución de traslado del penitenciario a un centro de atención medica
pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA y solicitado en
extradición, que padece de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado
y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención especializada
urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a
quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado,
varios prisioneros han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia
se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana”(Colombia y sus
miles de presos, 2011)
Los prisioneros y prisioneras con
enfermedades crónicas como el VIH, La hepatitis, la diabetes se ven afectadas por
la complejidad de sus formulas medicas, llevándolas así ha que su padecimiento
pueda adquirir un rango de dificultad mayor y su “calidad de vida” desmejore en
un 100%.
El INPEC, debe asegurarse y
cerciorarse de que los requerimientos sobre los Derechos a la Salud no estén por debajo de
la calidad en las cárceles, sabiendo así que los prisioneros y prisioneras a la
hora de salir a las calles nuevamente, deben encontrarse perfectamente física y
sicológicamente para poder emprender en algún trabajo, estudio, etc y continuar
con un estilo de vida normalmente.
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